Se acaba el sueño para indocumentados. La parlamentaria del Senado Elizabeth MacDonough rechazó el tercer intento de los demócratas de incluir disposiciones sobre inmigración en su amplio plan de gasto social, y con ello millones de inmigrantes indocumentados seguirán en las sombras.
El plan, incluido en la versión de la Cámara de Representantes del proyecto de ley que se aprobó el 19 de noviembre, se habría basado en las autoridades de “libertad condicional en el lugar” para permitir que aproximadamente 6.5 millones de inmigrantes que han vivido en los Estados Unidos desde enero de 2011 soliciten un trabajo de cinco años, permisos y exención de deportación.
MacDonough habría explicado en su decisión que la propuesta de los demócratas incluía cambios de política que superarían su impacto presupuestario, violando la llamada “regla Byrd”. “La política de libertad condicional propuesta no es muy diferente en su efecto a las propuestas anteriores que hemos considerado”, dijo. “Estos son cambios sustanciales en las políticas con efectos duraderos como los que consideramos anteriormente y superan el impacto presupuestario”.
La decisión fue criticada en una declaración conjunta emitida por el líder de la mayoría del Senado Charles E. Schumer y los senadores Bob Menendez de New Jersey, Alex Padilla de California, Catherine Cortez Masto de Nevada y Ben Ray Lujan de Nuevo México.
“Estamos totalmente en desacuerdo con la interpretación del parlamentario del Senado de nuestra propuesta de inmigración, y buscaremos todos los medios para lograr un camino hacia la ciudadanía en la Ley de Reconstruir Mejor”, dijeron.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso se predice que las disposiciones del Comité Judicial del proyecto de ley, que financian principalmente las protecciones de inmigración, aumentarían los déficits “dentro del presupuesto” durante los próximos 10 años en $121,7 mil millones, aproximadamente $14 mil millones por encima de la cantidad asignada para esas medidas. En la segunda década, las disposiciones sobre inmigración agregarían otros $311,9 mil millones al déficit.
Los demócratas habían buscado durante meses aprobar cambios importantes en inmigración a través de la reconciliación presupuestaria, un proceso que permite que los proyectos de ley se aprueben con una mayoría simple siempre que sean de naturaleza estrictamente presupuestaria.
Mientras tanto, los republicanos habían argumentado durante mucho tiempo que la política de inmigración estaba más allá del alcance de los proyectos de ley de reconciliación.
“Esta guía confirma, una vez más, lo que todos ya sabían: que otorgar amnistía a millones de inmigrantes ilegales no es un asunto presupuestario apropiado para la reconciliación”, dijo en comunicado el senador Charles E. Grassley, republicano por Iowa, miembro de alto rango del Comité de Presupuesto del Senado.
El fallo de MacDonough, que se veía venir en contra, hizo que algunos políticos demócratas propusieran pasar por encima del consejo de la parlamentaria, pero eso exigiría un consenso generalizado entre los demócratas, cosa que no tienen, ya que hay al menos dos senadores demócratas -Joe Manchin III, demócrata por Washington, y la senadora Kyrsten Sinema, demócrata por Arizona- que no están a favor de legalizar a los indocumentados.
Al morir el proyecto, antes de nacer, traería por los suelos cualquier intento de legalización de los indocumentados durante la administración de Joe Biden. Cabe recalcar que, como se prevé, tras una desastrosa caída en las encuestas de aprobación presidencial, los demócratas perderían el control del Senado y quizá hasta de la Cámara Baja, con lo que las propuestas migratorias no serían prioridad para los republicanos.