Oficiales de Operaciones de Ejecución y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) de la ciudad de Nueva York efectuaron el regreso voluntario de Abdiel Emanuel De la Garza Hernández, un ciudadano mexicano presente ilegalmente buscado por homicidio el 2 de febrero.
De la Garza partió de los Estados Unidos en un vuelo de operaciones aéreas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos desde Nueva York a México, donde fue entregado a las autoridades locales.
Oficiales de deportación de ERO acompañaron a De la Garza cuando fue entregado a las autoridades mexicanas a su llegada a su país de origen.
En fecha y lugar desconocidos, De la Garza ingresó a Estados Unidos sin permiso. El 5 de febrero de 2019, el Distrito de Chetumal Quintana Roo en México emitió una orden de arresto contra De la Garza por homicidio. El 17 de noviembre de 2022, ERO de la ciudad de Nueva York arrestó a De la Garza y lo puso bajo custodia. En la misma fecha, ERO de la ciudad de Nueva York le entregó un Aviso de comparecencia, acusando la inadmisibilidad de conformidad con la Ley de inmigración y nacionalidad. El 11 de enero de 2023, un juez de inmigración en Pearl River con la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia le otorgó a De la Garza la salida voluntaria bajo garantías con una fecha de vencimiento del 15 de febrero de 2023. De la Garza renunció a su derecho a presentar una apelar.
Los no ciudadanos en proceso de deportación pueden solicitar la salida voluntaria ante un juez de inmigración o, con menos frecuencia, pueden presentar una solicitud ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los EE. UU. en lugar de someterse a un proceso de deportación. Un no ciudadano al que un juez de inmigración le otorgó la salida voluntaria ha solicitado y recibido el privilegio de salir voluntariamente de los Estados Unidos y ha afirmado su voluntad de salir según lo ordenado. Si el no ciudadano no sale dentro del tiempo especificado para la salida, queda sujeto a una orden de expulsión final que puede ser ejecutada por ICE. Además, un no ciudadano que no se marcha voluntariamente según lo ordenado está sujeto a sanciones civiles y no es elegible para ciertos beneficios bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
En el año fiscal (FY) 2022, ERO arrestó a 46,396 no ciudadanos con antecedentes penales; este grupo tenía asociados 198.498 cargos y condenas. Estos incluyeron 21,531 delitos de agresión; 8.164 delitos sexuales y de agresión sexual; 5.554 delitos con armas; 1.501 delitos relacionados con homicidios; y 1.114 delitos de secuestro.
