Inmigración

Indocumentados se quedarían sin acceso a cuentas bancarias, rentas y licencias de conducir en Gran Bretaña

El prestigioso diario El Telégrafo de Londres acaba de publicar una noticia nada agradable para los indocumentados en ese país. Según cuentan, el gobierno alista medidas para que Gran Bretaña deje de ser atractiva para la inmigración ilegal, como el acceso a cuentas bancarias, empleos informales y servicios públicos, incluidos educación y salud.

La cacería la comandará Robert Jenrick, el ministro de inmigración, quien con el apoyo de su gobierno espera garantizar que “solo aquellos elegibles puedan trabajar, recibir beneficios o acceder a los servicios públicos”.

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Según el artículo de El Telégrafo, se restablecerá la controvertida práctica de los cheques bancarios sobre el estado migratorio de los titulares de cuentas, pero con un mecanismo de apelación para garantizar que a nadie se le niegue indebidamente el acceso al efectivo.

Jenrick realizará redadas en los lugares de trabajo en sectores clave como la construcción, los lavados de autos y las empresas de economía informal para verificar el estatus migratorio de los trabajadores. Cabe recordar que en diciembre realizaron redadas que resultaron en 362 arrestos y a las empresas se le emitieron 92 multas civiles por trabajo ilegal por un valor de 1,5 millones de libras esterlinas (aproximadamente $1.8 millones de dólares).

“Nuestros equipos de Control de Inmigración están trabajando día y noche para llevar ante la justicia a quienes violan nuestras leyes. Es nuestra prioridad tomar medidas enérgicas contra este delito y empoderar a las fuerzas del orden público para expulsar a los inmigrantes ilegales”, dijo Jenrick.

Pero no solamente revisarán los centros de empleo en busca de trabajadores sin papeles, sino también a los estudiantes extranjeros en las universidades que trabajen más las 20 horas a la semana permitidas por las reglas de visa.

Los empresarios que contraten a indocumentados pueden enfrentarse a multas de hasta 20.000 libras esterlinas (unos $25,000 dólares) por trabajador, una pena de cárcel de hasta cinco años en el peor de los casos, el cierre de su negocio y la inhabilitación como director.

Image by pvproductions on Freepik

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